La venta de material incautado o decomisado por parte del Ayuntamiento de Salamanca podría derivar en un proceso penal

El alcalde Carlos García Carbayo sigue sin aclarar si conocía o dio orden al Jefe de la policía local para vender material de cobre a un desguace procedente de operaciones de operaciones policiales y si este tipo de actuaciones o procedimientos administrativos son los habituales en el Ayuntamiento.

Tampoco explica por qué el dinero procedente de esta venta apareció en una caja fuerte en el cuartel de la policía local, tras la apertura de diligencias sobre este asunto por parte de la policía nacional, sin que se hubiera informado sobre su existencia, su origen, ni que constara este ingreso ni en Intervención municipal, ni en Tesorería del Consistorio, ni tampoco en la caja única del Ayuntamiento.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo sigue sin dar explicaciones convincentes, “lo que confirma las dudas e incluso las acrecienta”, ha manifestado hoy el Grupo Socialista en rueda de prensa, sobre el turbio asunto de la venta de cobre incautado en operaciones de la policía local por parte del Ayuntamiento en un desguace de la ciudad.

El alcalde, han dicho los concejales socialistas, sigue sin aclarar si conocía este hecho o si él o algún miembro del equipo de gobierno había dado orden al Jefe de la policía local para proceder a la venta en un desguace de este material de cobre incautado y que se encontraba en depósito en dependencias del Consistorio.

También sigue sin especificar si esta manera de proceder, con este o cualquier otro tipo de material incautado, es el habitual. Carbayo sigue sin explicar además las razones por las que esta venta, que tanto él como el equipo de gobierno y el Grupo Popular han reconocido como cierta, no figura en los archivos ni en el registro documental pertinente de los órganos municipales correspondientes, y sí en cambio, consta en  dichos archivos un parte o informe en relación a este material en el que solo se hace referencia y se afirma textualmente que se ha procedido a su destrucción a secas.

Tampoco se ha dado respuesta por parte del primer edil a la pregunta de si es normal que el dinero fruto de esa venta aparezca en efectivo en una caja fuerte del cuartel de la policía local, sin que haya apunte o contabilidad de este ingreso en la cuenta del Ayuntamiento, sin informar a nadie de su existencia y del origen del mismo, y que aparezca cuando la policía nacional ha abierto diligencias e investigado este asunto.

En base a esto, el Grupo Municipal Socialista considera que aquí, con este “lamentable suceso”, se están produciendo varios hechos ” muy graves” y es el alcalde el que tiene que aclarar y delimitar las responsabilidades y el grado de implicación y conocimiento que tenía o tiene en relación con ellos.

En primer lugar porque ha habido una investigación y unas diligencias que ha abierto la policía nacional sobre esta cuestión que pueden derivar en responsabilidades penales “o la instrucción de un procedimiento penal”. También porque  se ha producido  “un incumplimiento de un procedimiento desde el punto de vista administrativo”,  y en tercer lugar, “responsabilidades políticas”.

De esta forma, el Grupo Socialista ha hecho públicas sus dudas sobre la legalidad de esta venta de cobre incautado en operaciones policiales por parte del Ayuntamiento mediante una orden del jefe de la policía local porque, el argumento jurídico que da el equipo de gobierno en relación a esa venta de cobre incautado es que se ha realizado en virtud a lo establecido en el artículo 143 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas pero, “ese cobre decomisado no es patrimonio del Ayuntamiento por lo tanto no se puede acoger a esa Ley”, han afirmado desde el PSOE.

Según esa Ley y ese artículo, manifiestan los concejales socialistas, lo que habría que haber hecho con ese material es un expediente evaluando su valor y ni siquiera se tiene constancia de que se haya registrado ese material, a que operación policial pertenece, si a una a dos o a varias, si fue pesado porque solo consta el peso realizado en el lugar donde fue vendido, en definitiva, “este no es el procedimiento administrativo, ni lógico, ni normal porque no nos vale decir que era un bien del Ayuntamiento cuando era un bien incautado en operaciones policiales”.

Según los socialistas, en estos casos, la actuación normal en este tipo de procedimientos, cuando se decide vender un bien, tiene que pasar por el departamento de Contratación y hacer una subasta, “algo que no ha sucedido, lo primero porque el cobre no era un bien del Ayuntamiento sino un material procedente de una incautación policial”.

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su preocupación también en relación a que existan documentos o versiones contradictorias sobre este asunto ya que, por un lado, desde el equipo de gobierno se manifiesta que estamos ante una destrucción de material, según consta en los archivos informáticos mediante un informe, “cuando lo que realmente hay es una venta de material”.

Otro dato importante, se añade desde la bancada socialista, del que tampoco se quiere ni se ha dado cuenta, es que con la venta de este material, el cobre procedente de operación o operaciones policiales, se obtiene un dinero, un dinero en efectivo y en metálico que no ha pasado, no se registra, en la contabilidad única del Consistorio y que aparece en una caja fuerte del cuartel de la policía local “no se entiende por qué esto no se pone en conocimiento de la Intervención municipal o de Tesorería y hasta que no se abren diligencias por parte de la policía nacional no aparece ese dinero según la información que recoge el medio de comunicación que ha destapado los hechos y que no ha sido rebatida ni rectificada ni desmentida por el alcalde ni el equipo de gobierno”.